Las organizaciones sociales firmantes queremos condenar los hechos
de violencia social e institucional a las que se encuentra sometido el país. En
estos meses ha habido un incremento significativo de la violencia que estamos
viviendo, el país cierra junio con más de 600 homicidios y con un accionar de
los cuerpos de seguridad que requiere de revisión y monitoreo inmediato.
Las medidas represivas que se encuentra implementando el gobierno
han mostrado su fracaso en otros países y en el nuestro, cuando en gobiernos
pasados se apostó por el Plan Mano Dura y Plan Súper Mano Dura y la Ley
Antipandillas, así como el incremento de penas y las detenciones masivas,
acciones que solo llevaron a saturar el sistema judicial y penitenciario, así
como a vulnerar derechos fundamentales de las poblaciones más afectadas por la
marginalización y exclusión. Sin embargo, el gobierno del Presidente Salvador
Sánchez Cerén continúa esperando resultados positivos de estrategias
manoduristas, como la creación de batallones militares de reacción inmediata y
grandes despliegues policiales y militares y detenciones masivas.
En este contexto, como organizaciones de la sociedad civil que
trabajamos en la promoción y defensa de Derechos Humanos, queremos hacer
pública nuestra preocupación ante el incremento de amenazas, intimidaciones,
hostigamientos e, incluso, agresiones y asesinatos de defensores y defensoras
de Derechos Humanos. En estos meses, activistas
en la defensa de Derechos Humanos han sido víctimas directas de la violencia y
la criminalidad, quedando sus casos en total impunidad al no contar con una
institucionalidad profesional y capaz de hacer una investigación efectiva de
los hechos. Casos como el de Israel Quintanilla, presidente de ALGES, y
Francela Méndez, del Colectivo Alejandría, ponen en manifiesto los niveles de
impunidad en el país y la nula protección a defensores y defensoras de Derechos
Humanos. Más grave aún es la agresión
por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) hacia Alex Peña,
defensor de los derechos de la comunidad LGBTI y miembro de la organización Generación Hombres
Trans de El Salvador (HT El Salvador), el cual fue golpeado y torturado por agentes de la PNC y detenido
arbitrariamente. Es preocupante la actitud desafiante de la Policía ante este
hecho, con lo cual parecieran contar con total protección del Estado ante el
evidente abuso de poder. Finalmente, denunciamos también el ingreso ilegal a
las oficinas de ESMULES, organización LGBTI, de donde se han extraído documentos
y equipo de trabajo, lo cual interpretamos como una forma más de intimidarnos y
hacernos desistir de nuestra labor de defensa de Derechos Humanos.
Ante esta grave situación de desprotección, desconfianza y debilidad
institucional, las organizaciones firmantes exigimos:
-
La investigación efectiva,
científica y libre de prejuicios por parte de la Fiscalía General de la
República (FGR) de los asesinatos de defensores y defensoras de Derechos
Humanos, así como la judicialización de estos por parte de las entidades
correspondientes.
-
La investigación seria y
responsable por parte de la Inspectoría General de Seguridad Pública y Asuntos
Internos de la PNC en relación a las agresiones ocasionadas a Alex Peña,
defensor de los derechos de la comunidad LGBTI. Denunciamos los malos tratos
por parte de la Policía Nacional Civil incluso durante estos días de
investigación, mostrándose prepotente y amenazante con los liderazgos de las
organizaciones que han dado seguimiento al caso.
-
La creación de mecanismos
orientados a la protección de defensores y defensoras de Derechos Humanos en el
ejercicio de su labor, como lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) al Estado Salvadoreño.
Demandamos al Estado salvadoreño condenar
fuertemente estos hechos de violencia y el accionar efectivo por parte de la
institucionalidad pública, respetando la integridad, la dignidad y las garantías
constitucionales de quienes ejercemos la labor de defensa de Derechos Humanos.
San Salvador, jueves 2 de julio de 2015
